PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

DEFINICIÓN JURÍDICA DEL ECOCIDIO

Recomendamos ver el comentario que acompaña la definición, pues ayuda a entender mejor muchos términos y el por qué de la elección de los mismos.

• ¿Por qué la definición no incluye actos concretos?
  El Panel de Expertos ha partido de la base de que la palabra “acto” incluye actos u omisiones individuales,
  o cúmulos de actos u omisiones. Si se enumeran algunos actos como prohibidos, esto puede suponer que otros están permitidos, por lo que se consideró que lo mejor era basar la definición en las consecuencias potenciales: un nivel de daño grave. De este modo, la definición sigue siendo pertinente a medida que cambian las prácticas ("a prueba de futuro").

• ¿Cubre el crimen el daño a la naturaleza en sí mismo?
  Sí, lo hace.  Algunos aspectos del crimen incluyen a los seres humanos (uno de los posibles criterios de "generalización" es que afecte a "un gran número de seres humanos"), pero también se incluye la puesta en peligro de un ecosistema o de una especie o de cualquier elemento del medio ambiente.  La definición tiene un alcance tanto ecocéntrico como antropocéntrico.

• ¿Por qué no incluye umbrales precisos para "generalizado" o "a largo plazo"?
  Porque se consideró que cualquier cifra precisa era arbitraria y podría no adaptarse a las circunstancias particulares.  Al dejar las definiciones de "generalizado" y "a largo plazo" abiertas a cierto grado de interpretación, los jueces determinarán los umbrales adecuados según el caso.

• ¿Cubrirá el crimen la perturbación de los modos de vida indígenas?
  Sí, puede hacerlo si la perturbación es potencialmente grave.  Este es el propósito de incluir específicamente la palabra "cultural" en la definición del término "grave".
  Extracto del comentario a la definición (página 8) para explicar este asunto:

Se entenderá por “grave” el daño que cause cambios muy adversos, perturbaciones o daños notorios para cualquier
elemento del medioambiente, incluidos los efectos serios para la vida humana o los recursos naturales, culturales o
económicos.
El Comité de Desarme ha interpretado el término “grave” recogido en la ENMOD (Convención sobre la Prohibición del Uso de Técnicas de Modificación del Medio Ambiente con Fines Militares o con cualquier otro Fin Hostil), como la ‘perturbación o daño grave o notorio para la vida humana, los recursos naturales y económicos u otros activos’. El Panel de Expertos consideró que este requisito del daño es suficiente para los fines del crimen de ecocidio. El Panel de Expertos sustituyó la referencia a “otros activos” por la referencia a recursos “culturales” con el fin de explicitar el valor cultural de algunos elementos del medioambiente, en particular para los pueblos indígenas.
La referencia a “cualquier elemento del medioambiente” tiene el propósito de dejar claro que es suficiente afectar
a cualquiera de los elementos cubiertos por la definición del medioambiente, es decir, “la Tierra, su biosfera,
criosfera, litosfera, hidrosfera y atmósfera así como el espacio ultraterrestre”.

• ¿Qué grado de intencionalidad requiere el crimen?
  El aspecto de la intención o mens rea del crimen es el de la imprudencia: el autor/a actuó a sabiendas de que existía una "probabilidad sustancial" de que su conducta pudiese causar un daño grave, pero actuó de todos modos. Si el acto fue ilegal, esto ya es prueba de por sí. Si la conducta era lícita, aún podría ser un ecocidio si hubiera otro nivel de imprudencia, es decir, si el acto fuera "arbitrario": el autor no tuvo en cuenta que el resultado perjudicial sería claramente excesivo en comparación con los beneficios sociales y económicos previstos. Así mismo, el significado comúnmente aceptado del término “arbitrario” comprende tanto la intencionalidad como el hecho de hacer caso omiso de manera temeraria respecto de unas consecuencias prohibidas.

• ¿A qué beneficios sociales y económicos se refiere la definición de "arbitrario"?
  Este término utiliza un enfoque de equilibrio que es común en el derecho ambiental ya que muchas actividades humanas implican algún nivel de daño a la naturaleza.  La cuestión es si este equilibrio se tuvo en cuenta y si se abordó de forma razonable, y si era probable que los efectos perjudiciales superaran a los beneficios sociales.  Un proyecto puede hacer ganar mucho dinero a alguien y beneficiar a unas pocas personas, pero si el daño creado perjudica gravemente a muchos otros (por ejemplo, comunidades locales o indígenas) o perturba los ecosistemas, entonces este criterio podría aplicarse.
  Extracto del comentario a la definición para explicar este asunto:

Esto introduce en la definición el test de proporcionalidad que refleja los principios del derecho medioambiental (el Estatuto de Roma contiene test de proporcionalidad similares en relación con varios crímenes de guerra). Buena parte del derecho nacional e internacional del medioambiente persigue el logro de un equilibrio entre los daños al medioambiente y los beneficios sociales y económicos que se expresan mediante el principio de desarrollo sostenible. El Panel de Expertos tuvo presente que ciertos actos que son beneficiosos desde el punto de vista social, como los relacionados con el desarrollo urbanístico o la creación de redes de transporte, pueden causar daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente.

• ¿Hay que demostrar que se ha producido un daño para que se aplique el crimen?
  No. El crimen de ecocidio se formula como un crimen por motivo de la creación de una situación de peligro, no por motivo de los resultados materiales en sí, lo que significa que los actos que conllevan una probabilidad sustancial de un daño grave que sea generalizado o a largo plazo se penalizan, independientemente de que el daño no se haya materializado todavía. Esto es coherente con otros crímenes del Estatuto de Roma y es particularmente apropiado para los crímenes contra la naturaleza, ya que si existe el requisito de que el daño se manifieste realmente antes de que sea posible el procesamiento, es más difícil en la práctica proteger el medio ambiente.

• ¿Cuál es el efecto de utilizar el término "ilegal" como criterio para los actos de ecocidio?
  Uno de los graves problemas actuales de la legislación medioambiental es su escasa aplicación, por lo que penalizar la destrucción ilegal en el derecho nacional o internacional tiene tres efectos importantes:

1. Anima a los posibles autores a actuar con la debida diligencia en la dirección correcta, es decir, a investigar la mejor manera de mantenerse en el lado correcto de la ley para evitar cometer un ecocidio (en lugar de trabajar en torno a la normativa con poco temor a las sanciones).

2. Capacita a todos los que trabajan para mejorar la protección de las personas y el planeta (desde los activistas sobre el terreno hasta los académicos, científicos y ONG) para que se esfuercen por proporcionar la información, la experiencia y la presión sobre los gobiernos para mejorar la regulación.

3. Permite que el crimen siga siendo relevante a lo largo del tiempo: a medida que las leyes nacionales evolucionan para proteger mejor a la naturaleza, el ecocidio sigue siendo un crimen paraguas que engloba y respalda esos avances.

• ¿Podrían establecer este crimen los gobiernos de forma individual?
  Sí, por supuesto. Está formulado para encajar en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y, una vez establecido, cualquier Estado que lo ratifique debe incorporarlo a su propio Código Penal nacional.  Sin embargo, nada impide que la definición sea utilizada por cualquier gobierno que desee abrir el camino o por gobiernos que no sean actualmente miembros de la CPI.  (No obstante, recomendaríamos un periodo de introducción gradual si se legisla en un Estado individual, para permitir que se establezcan políticas de transición y vías de cumplimiento).

• ¿Intentarán las empresas impedir que se establezca este crimen?
  Puede que algunas, pero hasta ahora, nuestras conversaciones con los líderes empresariales sugieren una respuesta ampliamente positiva.  Una medida disuasoria aplicable ayudará realmente a nivelar el campo de juego, de modo que hacer lo correcto ya no pondrá a las empresas en desventaja.  De hecho, es probable que desencadene nuevos niveles de innovación y creatividad, y que dirija las subvenciones públicas en una dirección más saludable.  Muchas de las soluciones que necesitamos para la transición a un planeta estable ya existen o están en desarrollo, y esta ley las apoyará firmemente impidiendo el flujo de financiación a prácticas que causan graves daños.

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