Estimado Sr. Brufau,
Como usted bien sabe, hace ya un mes que tuvo lugar en El Callao, municipio costero del Pacífico perunano, un vertido de alrededor de 12.000 barriles de petróleo procedente de la refinería de La Pampilla, operada por la empresa Repsol, de la cual usted ostenta el cargo de Director Ejecutivo.
Dos semanas después del vertido, la contaminación ya había afectado a unas 24 playas y a más de 11.600 hectáreas de costa, contaminando así mismo espacios protegidos especialmente vulnerables como son el Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi, la Zona Reservada Ancón y los Islotes de Pescadores. El desastre ha impactado terriblemente sobre toda la vida en la zona: tanto fauna marina y costera como flora y, finalmente, vidas humanas como son las de miles de pescadores y sus familias, quienes se han visto privados de su sustento.
Realmente, tal y como lo ha definido el presidente del país andino, Pedro Castillo, se trata de “uno de los ecocidios más grandes” que han tenido lugar en la costa de Perú. La crisis ambiental producida también fue definida como “grave” por un equipo de expertos de la ONU que visitó la zona afectada y que calificaron lo ocurrido como “el peor desastre ecológico” en la historia reciente del país andino.
Resulta realmente increíble que en los actuales momentos en los que la humanidad se enfrenta a una crisis climática y de biodiversidad sin precedentes, su compañía no cuente, para todas sus instalaciones, con un plan de contingencia de vertidos que se ponga en marcha de forma inmediata ante cualquier incidente, con el fin de que la contaminación sea controlada desde el comienzo de forma contundente y se evite que ocurran catástrofes como la que acaba de tener lugar. Aunque se pueda compensar económicamente a los afectados, la pérdida de vida que ya ha tenido lugar no se puede compensar con ninguna cantidad de dinero. Es irreversible.
Queremos comunicarle que, en los tiempos que vivimos, ya no es éticamente aceptable causar un grave daño extenso a la naturaleza, es decir, un ecocidio, en ningún lugar del planeta.
De hecho, a nivel internacional está avanzando significativamente la propuesta de convertir el ecocidio en crimen internacional bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Personalidades de todos los sectores de la sociedad (desde ambientalistas como Jane Goodall o Vandana Shiva al Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, desde artistas como Paul McCartney a altos cargos religiosos como el Papa Francisco, abogados y juristas de renombre, parlamentarios de todo el mundo, empresarios y un largo etcétera), están sumando sus voces para conseguir este objetivo. Ya hay varios Estados que han declarado en la Corte Penal Internacional que quieren que se considere la creación de este nuevo crimen universal. En una declaración dirigida al presidente de la COP26, la última Cumbre de Cambio Climático recientemente celebrada en Glasgow, la ICGN (the International Corperate Governance Network, por sus siglas en inglés), una red mundial de grandes empresas dirigidas por inversores que gestionan activos por valor de más de 59 billones de dólares, recomendó a los gobiernos que "ordenen regulaciones y colaboren internacionalmente para criminalizar el ecocidio".
Este giro hacia la conservación y cuidado del entorno natural a nivel global, es necesario y vital para la propia supervivencia de la especie humana, y es nuestro deber, el deber de todos, procurar que las próximas generaciones tengan un planeta en el cual poder vivir pacíficamente y de una forma sana.
Es por ello que, desde Stop Ecocidio, esperamos que su empresa tome en serio la prevención de accidentes y que, en el supuesto de que éstos sucedan, la respuesta inmediata sea contundente para minimizar el daño y, además, se restaure en todo lo posible el ecosistema dañado.
Atentamente,
Maite Mompó
Directora en España de Stop Ecocidio y coordinadora para América Latina