OCEANÓGRAFA DE RENOMBRE RECLAMA LA LEY DEL ECOCIDIO PARA PROTEGER LOS OCÉANOS

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Océanos, la célebre oceanógrafa y conservacionista Sylvia Earle se ha unido a otros líderes mundiales, como el Papa Francisco y Jane Goodall, en apoyo del reconocimiento del "ecocidio" como crimen internacional, tal como defiende la ONG mundial Stop Ecocidio Internacional.

Entre otros muchos reconocimientos que se le han otorgado, Sylvia Earle recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia en 2018 “por su dedicación, durante más de seis décadas, a la exploración e investigación de los océanos, el conocimiento de los fondos marinos y la conservación integral de los mares, que se ha convertido en uno de los desafíos medioambientales de nuestro tiempo.”

Por ecocidio se entiende, en sentido amplio, el daño masivo y la destrucción de ecosistemas, que provocan daños graves y extensos o duraderos en el entorno natural (ver definición legal).

Desde las prácticas pesqueras insostenibles hasta la contaminación química y por plásticos y la explotación minera de los fondos marinos, el océano está sufriendo la peor parte de estos daños.

Earle sabe muy bien hasta qué punto se pasa por alto este tema ya que ha sido testigo del impacto real de la degradación de los océanos durante décadas, como oceanógrafa pionera, exploradora y activista que es.

"Debemos proteger el océano como si nuestras vidas dependieran de él, ¡porque así es!". dijo Sylvia ayer, durante una charla titulada "Proteger el océano mediante el derecho penal" en el Explorer's Club de Nueva York.

El acto puso de relieve la iniciativa Océanos por la Ley del Ecocidio, el más reciente de una serie de colectivos internacionales coordinados por Stop Ecocidio Internacional, una ONG internacional que trabaja con políticos, diplomáticos, abogados y personas influyentes de todos los sectores de la sociedad civil con el objetivo de que el ecocidio se convierta en el quinto crimen de la lista del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, junto con el genocidio y los crímenes de lesa la humanidad.

Stop Ecocidio Internacional ha puesto en marcha un movimiento mundial en torno a la necesidad de exigir responsabilidades a las personas, a las empresas y a los gobiernos que realizan actividades que destruyen el medioambiente, reconociendo que los océanos son parte integrante de la naturaleza y deben de tener prioridad y ser protegidos.

“Si matas a la naturaleza, también nos matas a nosotros", afirmó Sylvia.

"El ecocidio es sinónimo de “genticidio”, por así decirlo. Nos ha llevado mucho tiempo saber lo que ahora sabemos y establecer estas conexiones. Nuestra prosperidad y nuestro éxito como especie han llegado a través del consumo de la naturaleza. Pero está claro que hay límites que marcan hasta dónde se puede llegar.
Tenemos que adaptarnos a la realidad del siglo XXI y a lo que es ahora la Tierra. ¿No nos gustaría proteger los sistemas que nos mantienen vivos ahora que lo sabemos? Incluso sin leyes, podemos cambiar nuestro comportamiento. Pero necesitamos las leyes para controlar el mal comportamiento porque sólo se requiere un pequeño número de individuos para que se cause un gran problema a todo el mundo".

La carta abierta sobre los océanos de Stop Ecocidio Internacional ya ha reunido a más de 1.500 firmas, entre ellas las de varias organizaciones sin ánimo de lucro con trabajo consolidado en el ámbito de los océanos, tales como Sea Legacy, KYMA Sea Conservation & Research, Rob Stewart Sharkwater Foundation y The Ocean Foundation, y de líderes oceánicos como Cristina "Mitty" Mittermeier, Farah Obaidullah y el capitán Alex Cornelissen, que piden la protección de nuestros océanos mediante el derecho penal.

"Para garantizar nuestra supervivencia, debemos proteger nuestros océanos a gran escala", declaró Cindy Forde, autora y fundadora de la plataforma educativa medioambiental Planetari.

Jojo Mehta, Cofundadora y Directora Ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional, ha declarado: "Estamos encantadas de trabajar junto a algunas de las organizaciones de conservación marina más eficaces y consolidadas del mundo en nuestro nuevo colectivo ‘Océanos por la Ley del Ecocidio’. No se trata de castigar, sino de prevenir. Se trata de unir a individuos, organizaciones y naciones con la determinación compartida de establecer marcos jurídicos internacionales que disuadan de los comportamientos más peligrosos y que protejan la vida. Juntos, podemos aprovechar el poder del derecho internacional para salvaguardar los océanos, el mayor -y a menudo menos apreciado- sistema de soporte vital de nuestro planeta".

ESPAÑA: EL MAR MENOR, PRIMER ECOSISTEMA DE EUROPA AL QUE SE LE CONCEDE PERSONALIDAD JURÍDICA

El Parlamento acaba de pasar el último trámite para dar el visto bueno a la ley que reconoce al Mar Menor y su cuenca como sujeto de derechos, entre los que se encuentran el derecho a existir y a recuperar su equilibrio natural. La aprobación por parte del Senado se ha producido por una aplastante mayoría.

El hecho de que se haya otorgado personalidad jurídica al Mar Menor constituye un hito histórico no sólo por tratarse de una gran victoria de los defensores del medio ambiente sino porque, además, supone introducir una innovadora figura legal en el derecho europeo que se convierte en precedente al que seguro seguirán más casos. La laguna salada más grande del continente ha venido sufriendo un ecocidio continuado desde hace décadas que la está llevando al colapso de la vida. Ninguna figura de protección establecida, ni nacional ni internacional, habían servido para detener la tragedia. La victoria se ha conseguido tras la masiva movilización ciudadana, activada a través de la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que se llegaron a recoger más de 650.000 firmas a mano a lo largo de la geografía española (cuando sólo eran necesarias 500.000), y sucediendo en tiempos de pandemia. El escandaloso caso del deterioro en cascada del Mar Menor y de la lucha de la ciudadanía en su defensa, cruzó las fronteras nacionales llegando incluso a ser contemplado en un foro de la ONU dentro de su programa de Armonía con la Naturaleza.

En palabras de uno de los artífices de la ILP, el abogado Eduardo Salazar: "La aprobación definitiva de la ILP del Mar Menor supone un avance en el reconocimiento de derechos a seres no humanos, en este caso, a un ecosistema repleto de vida. Una reacción ciudadana ante el ecocidio para promover una legislación pionera en Europa y que puede ser un referente para otros ecosistemas en otros Estados. La vertiente participativa y judicial de la ILP pretende asegurar que la ciudadanía que promovió, cuide de su aplicación efectiva."

En el mundo hay ya un creciente número de ecosistemas a los que se ha concedido personalidad jurídica como una forma de protección, desde el río Atrato en Colombia al río Whanganui y al volcán Taranaki en Aotearoaa-Nueva Zelanda, hasta el río Magpie de Canadá.

En la protección de los ecosistemas de alto valor, conceder derechos a los mismos constituye una herramienta eficaz de protección, si bien es cierto que se necesita algo más: debe de establecerse una ley penal global que proteja al mundo natural de la destrucción a la que está siendo sometido en muchas partes del planeta. Concesión de derechos y establecimiento de leyes para protegerlos son dos caras de la misma moneda. Por ello, es primordial avanzar en la criminalización del ecocidio a nivel internacional, crear una ley que cubra todos los supuestos de daños graves que son extensos o a largo plazo al medio ambiente. Por el momento, estamos yendo en la senda correcta.

Hoy celebramos esta gran victoria, un gran paso dado hacia donde ética y jurídicamente debemos de llegar.

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KENIA, COANFITRIÓN DE LA CONFERENCIA DE LA ONU SOBRE LOS OCÉANOS, ANUNCIA UNA PROPUESTA PARA CRIMINALIZAR EL ECOCIDIO

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que se está celebrando en Lisboa (27 de junio - 1 de julio), Keriako Tobiko, Secretario del Gabinete para el Medio Ambiente y los Bosques de Kenia, ha revelado una histórica propuesta legislativa que incluye el que se criminalice el ecocidio. Esta propuesta forma parte de la revisión de la Ley de Coordinación de la Gestión del Medio Ambiente que se está realizando en Kenia y la misma fue anunciada durante la declaración oficial del país ante el Pleno de la Conferencia. Puedes ver la declaración de Tobiko aquí (a partir del 1:02:00 y en inglés).

CS Tobiko dijo que la normativa que ya ha sido presentada para ser debatida y aprobada por el Parlamento keniano "revolucionará la gobernanza medioambiental" y que "contiene principios fundamentales, entre los que se encuentran el reconocimiento y la protección de los defensores de los derechos medioambientales, la protección de los bosques y los espacios verdes, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y, lo más importante, la creación del delito de "ecocidio".

CS Tobiko realizó la declaración junto con el compromiso hacia una serie de medidas que Kenia está adoptando en relación a la contaminación marina y a regenerar la salud de los océanos, incluyendo enfoques de múltiples partes interesadas en una "economía azul", así como realizar acciones específicas como es extender la prohibición existente sobre la fabricación y el uso de bolsas de polietileno para frenar la contaminación por plástico.

Kenia es el país coanfitrión de la Conferencia de la ONU sobre los océanos junto con Portugal.  Este anuncio de alto nivel sitúa a Kenia en una posición de liderazgo con respecto al creciente movimiento mundial para criminalizar el ecocidio que está teniendo lugar, es decir, criminalizar los peores daños a nuestro hogar planetario.

A UN PASO DE RECONOCERSE EL MAR MENOR COMO SUJETO DE DERECHOS

Este martes 5 de abril el Congreso de los Diputados votó, por mayoría absoluta (sólo un partido votó en contra), dar luz verde a la Iniciativa Legislativa Popular para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. Con ello, se inicia la tramitación de la ley que otorgará derechos propios a la mayor laguna salada de Europa que se convierte así en el primer ecosistema al que se protege de esta manera en este continente.

Con ello se produce un nuevo hito histórico en la relación de los seres humanos con la naturaleza que deja de ser considerada un objeto al servicio de estos para ser considerada como un sujeto con capacidad legal, como tienen las personas y las empresas. Prueba de ello es que Teresa Vicente, la profesora universitaria que ha sido una de las promotoras de esta iniciativa, va a viajar próximamente a Nueva York para presentar el contenido de la ILP en la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta propuesta se ha conseguido sacar adelante gracias a la increíble movilización de miles de personas que han hecho que los parlamentarios tomen en serio la necesidad de actuar ante el ecocidio continuado que sufre este ecosistema tan singular.

La última etapa de este proceso de creación de la ley tendrá lugar en la Comisión de Transición Ecológica, en donde se podrán realizar enmiendas al texto (que en ningún caso deberán menoscabar el espíritu de la propuesta popular) y se tramitará por procedimiento de urgencia.

Conceder derechos a la naturaleza constituye una cara de la moneda que contiene en su otra cara la protección de estos derechos a través de la ley. Celebramos enormemente que se reconozcan derechos pero no es suficiente para garantizar la protección: hay que complementarlo con la creación de una ley que penalice internacionalmente el causar graves daños extensos o a largo plazo a la naturaleza, es decir, la ley del ecocidio. Con ambas cosas, derechos y ley, es evidente que la protección del medioambiente se convierte en un deber jurídico pero también en un deber moral y también se establecen las bases del cambio de paradigma que la humanidad ha de realizar para volver a la armonía con la red de vida planetaria de la que forma parte.

Estimado Sr. Brufau, 

Como usted bien sabe, hace ya un mes que tuvo lugar en El Callao, municipio costero del Pacífico perunano, un vertido de alrededor de 12.000 barriles de petróleo procedente de la refinería de La Pampilla, operada por la empresa Repsol, de la cual usted ostenta el cargo de Director Ejecutivo.

Dos semanas después del vertido, la contaminación ya había afectado a unas 24 playas y a más de 11.600 hectáreas de costa, contaminando así mismo espacios protegidos especialmente vulnerables como son el Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi, la Zona Reservada Ancón y los Islotes de Pescadores. El desastre ha impactado terriblemente sobre toda la vida en la zona: tanto fauna marina y costera como flora y, finalmente, vidas humanas como son las de miles de pescadores y sus familias, quienes se han visto privados de su sustento. 

Realmente, tal y como lo ha definido el presidente del país andino, Pedro Castillo, se trata de “uno de los ecocidios más grandes” que han tenido lugar en la costa de Perú. La crisis ambiental producida también fue definida como “grave” por un equipo de expertos de la  ONU que visitó la zona afectada y que calificaron lo ocurrido como “el peor desastre ecológico” en la historia reciente del país andino.

Resulta realmente increíble que en los actuales momentos en los que la humanidad se enfrenta a una crisis climática y de biodiversidad sin precedentes, su compañía no cuente, para todas sus instalaciones, con un plan de contingencia de vertidos que se ponga en marcha de forma inmediata ante cualquier incidente, con el fin de que la contaminación sea controlada desde el comienzo de forma contundente y se evite que ocurran catástrofes como la que acaba de tener lugar. Aunque se pueda compensar económicamente a los afectados, la pérdida de vida que ya ha tenido lugar no se puede compensar con ninguna cantidad de dinero. Es irreversible. 

Queremos comunicarle que, en los tiempos que vivimos, ya no es éticamente aceptable causar un grave daño extenso a la naturaleza, es decir, un ecocidio, en ningún lugar del planeta.

De hecho, a nivel internacional está avanzando significativamente la propuesta de convertir el ecocidio en crimen internacional bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Personalidades de todos los sectores de la sociedad (desde ambientalistas como Jane Goodall o Vandana Shiva al Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, desde artistas como Paul McCartney a altos cargos religiosos como el Papa Francisco, abogados y juristas de renombre, parlamentarios de todo el mundo, empresarios y un largo etcétera), están sumando sus voces para conseguir este objetivo. Ya hay varios Estados que han declarado en la Corte Penal Internacional que quieren que se considere la creación de este nuevo crimen universal. En una declaración dirigida al presidente de la COP26, la última Cumbre de Cambio Climático recientemente celebrada en Glasgow, la ICGN (the International Corperate Governance Network, por sus siglas en inglés), una red mundial de grandes empresas dirigidas por inversores que gestionan activos por valor de más de 59 billones de dólares, recomendó a los gobiernos que "ordenen regulaciones y colaboren internacionalmente para criminalizar el ecocidio".

Este giro hacia la conservación y cuidado del entorno natural a nivel global, es necesario y vital para la propia supervivencia de la especie humana, y es nuestro deber, el deber de todos, procurar que las próximas generaciones tengan un planeta en el cual poder vivir pacíficamente y de una forma sana. 

Es por ello que, desde Stop Ecocidio, esperamos que su empresa tome en serio la prevención de accidentes y que, en el supuesto de que éstos sucedan, la respuesta inmediata sea contundente para minimizar el daño y, además, se restaure en todo lo posible el ecosistema dañado. 

Atentamente,

Maite Mompó
Directora en España de Stop Ecocidio y coordinadora para América Latina